Del pasado efímero - Reforma constitucional: zorros en el gallinero

1950 fue el año de Maracaná ,último campeonato del mundo para la celeste; año de euforia en un país muy confiado, ingenuamente, en su futuro. Nunca somos contemporáneos de los hechos que vivimos: el mundo, una vez más, cambiaba aceleradamente. Año también de efervescencia y planificación de cambios políticos e institucionales. Estábamos al borde de reformar por cuarta vez en 34 años nuestra Carta Magna, costumbre muy uruguaya si las hay. Motivos: muchos; algunos costaban confesarlos a la luz pública.

El batllismo había vuelto al gobierno, pero extremadamente dividido, en una lucha llena de zancadillas entre Luis Batlle Berres y sus primos del diario “El Día”, que no se andaban con vueltas para dificultarle una vida política que se presentaba bajo los colores más brillantes. En el Partido Nacional, fracturado sin remedio desde 1933, el liderazgo de Herrera se imponía en la fracción mayoritaria. Un Herrera que retornaba de a poco de sus peores momentos de aislamiento del período bélico y la inmediata postguerra, con unas ganas tremendas, de una manera o de otra, de llegar al gobierno o por lo menos incidir en él. Por último los sectores populares, divididos, sufriendo desde adentro y desde afuera los condicionamientos que imponía la novísima “guerra fría”, aunque no obstante, muy movilizados y combativos ( a la manera uruguaya). Esto no dejaba de inquietar a muchos, también, de adentro y de afuera: entre otros a los sectores conservadores de nuestros partidos tradicionales.

El Partido Colorado ganó cómodamente las elecciones de noviembre de 1950. Dentro del lema, la lista “15” volvió a demostrar que era mayoritaria dentro del partido y del batllismo. Andrés Martínez Trueba, farmaceútico de Florida, hombre llevado a la conciliación por temperamento e inclinaciones políticas, fue el sucesor de Luis Batlle Berres en la Presidencia de la república. Había derrotado dentro del Partido Colorado, a César Mayo Gutiérrez, de la “14”, la lista de los Batlle Pacheco del diario “ El Día”. Los blancos, por ahora, divididos y lejos. Para Luis Batlle, presidente saliente, el nuevo período de gobierno no debería ser más que el necesario “interregno” impuesto por la disposición constitucional que impedía la reelección. El hombre estaba en la cresta de la ola de su proyecto renovador,(con todas las limitaciones que se le señalaran desde la izquierda), de su popularidad y de su empuje vital. Renovador sí, aunque pocos años después demostraría que era de vuelo muy cortito...Los tigres del norte curaban sus heridas aceleradamente, mientras volvían a afilar las garras...

Y de pronto el trueno en el cielo despejado. ¡El país necesitaba reformar la constitución! Distintas conversaciones informales, bien a la criolla, se venían realizando desde unos años antes. Pero no parecían demasiado serias. Que los batllistas vueltos la fuerza política hegemónica volviesen a plantear el tema del colegiado parecía normal. Sobre todo entre los Batlle Pacheco, celosos custodios del ortodoxo legado de su padre, el “viejo” Batlle. A Luisito la cosa no le interesaba mucho; el sabía que para las elecciones de 1954, otra vez era “la fija” y que volvería a ocupar, Dios mediante, la Presidencia de la República. Por eso su frialdad sobre el tema era manifiesta. Pero que ¡Herrera el anticolegialista furibundo, el golpista de 1933, se volviera de pronto colegialista era algo increíble!

En su libro sobre Herrera, Eduardo Víctor Haedo ubica el nacimiento lejano de las tratativas que culminarían en el pacto constitucional entre colorados y blancos, en las conversaciones entabladas por quienes actuaron en el duelo entre Salvador Ferrer Serra y Luis Batlle Berres en 1946. El Tribunal de Honor estaba integrado por Abelardo Véscobi, Andrés Martínez Trueba y el propio Haedo. Después de los cabildeos de rigor, salió el fallo: no ha lugar a duelo. Pero sí hubo lugar a jugosas conversaciones políticas, en donde apareció como muy interesante que se implantase el colegiado integral en el país. Haedo, visitante asiduo de la “quinta” de Herrera no sabía bien cómo iba a reaccionar éste. Al cabo de un tiempo, el veterano caudillo le anunció que “agarraba viaje” con el colegiado integral. ¡Haedo casi se desmaya! Herrera, a estar a su testimonio, le dijo : “Sí, a entrar en el gallinero del vecino y comerle algunas gallinas...¡El Colegiado! Entrar en él y limar las uñas de éste régimen dueño de todos los resortes del poder, debilitar al adversario y tentar, sin miedo y con decisión la victoria que merecemos.” Hombre de audaces paradojas, el tiempo le daría póstumamente la razón como tributo al táctico político. Pero, pobre país....

Las conversaciones formales empezaron al otro día del 1º de marzo de 1951. En ellas fueron protagonistas las dirigencias de diversos sectores del Partido Colorado y del Partido Nacional. Se firmó un acuerdo para reformar la constitución implantando el sistema colegiado integral a todos los niveles, no solo el Poder Ejecutivo ( oh poblados directorios de los Entes Autónomos!). Es decir, fue un acuerdo de cúpulas con gente dentro de ellas que estaba en contra pero tenía que hablar bajito. La ciudadanía miraba de afuera, como en el estadio. El sector de Luis Batlle Berres quedó embretado: disciplinado, trató de dar la lucha dentro del Partido, pero perdió. La corriente colegialista entre las elites políticas venía fuerte. Dentro del coloradismo, se opuso a la reforma, de acuerdo a sus principios, Manini Ríos, líder del “riverismo” consecuente con sus posturas tradicionales desde 1913, “socio” de Herrera en los sucesos de 1933 y sus consecuencias.

En base al acuerdo, con las mayorías requeridas en las Cámaras, se llegó a la aprobación de una Ley Constitucional. El procedimiento seguido estaba previsto en la constitución de 1942 para su reforma y necesitaba del apoyo de los 2/3 de integrantes de cada cámara. En vano, Luis Batlle Berres había reclamado la elección de una Asamblea Constituyente, a través de cuya elección la ciudadanía participara directamente en las instancias reformistas. El 10 de octubre de 1951 fue aprobada por la Cámara de Diputados por 85 votos contra 14 y luego en el Senado, por 26 votos contra 4. El proyecto aprobado fue sometido a plebiscito el 16 de diciembre de 1951.

La población no acompañó la euforia de los parlamentarios. Participó en el plebiscito el 37% de los inscriptos habilitados para votar. Las cifras fueron 232.076 por el “SI” y 197.684 por el “NO”. La nota la dio el resultado de Montevideo, donde triunfó el “NO”: 107.747 rechazaron el proyecto contra 74.123 que votaron por “SI”.
Se interpreta que en Montevideo, pesó la actitud del electorado de la “15” de Luis Batlle que ,“soto voce”, o bien se abstuvo o votó en contra de un proyecto que interpretaba dirigido contra su líder. Sin duda, que también incidió la prédica del movimiento popular, en momentos de conflictividad creciente en el país.

Mientras se discutía en las alturas del Parlamento, comenzaron a conocerse algunas opiniones que permiten ubicar claramente la naturaleza profunda de esta nueva reforma constitucional, bastante alejada de las connotaciones tradicionales y a esa altura casi folklóricas de “colegialismo” y “anticolegialismo”. Como señala el Prof. Germán D’ Elía, en el país existía una verdadera inquietud sobre su evolución económica y financiera, con una crisis social que se agudizaba multiplicando conflictos. En el plano internacional, estábamos ya en otra “guerra caliente” cuyos resultados eran inciertos ( la guerra de Corea) amenazando a escala mundial. Por ello no sorprende encontrar manifestaciones como la del senador batllista Bayley Muñoz.: “....se impone esta solución de cordura que al país le dará ...lo que el país necesita, que es un gobierno con gran respaldo de opinión, con gran responsabilidad, no para que mande Juan, aunque la ciudadanía no lo apoye, sino para que vayan a integrar ese gobierno los grandes sectores de opinión, los grandes partidos políticos...” Mucho más explícitas fueron las manifestaciones del senador blanco Haedo: “...esta transacción es una virtud superior del instinto de conservación que tiene la República. Desunidos nos quedaremos como en la época primitiva, los blancos en sus tiendas y los colorados en las suyas: pero al lado nuestro el país expuesto a convulsiones sociales de imprevisibles contingencias, que pueden determinar en cualquier momento una de estos dos calamidades: o el poder dictatorial, ejercido desde arriba, o la anarquía desenfrenada impuesta desde abajo.” ¡Como quien dice, una coalición constitucionalizada!

Quienes se opusieron, desde dentro y desde fuera de los partidos tradicionales, señalaron una y otra vez la inconveniencia e inoportunidad del proyecto, que soslayaba el tratamiento de los temas fundamentales vinculados a la situación económica-social del país, como eran los reclamos de los funcionarios públicos, en huelga, el Escalafón docente, las jubilaciones rurales, la existencia de los “rancheríos” ( todavía no se los llamaba “cantegriles”) , la inflación creciente, el contralor ineficiente de los precios de los artículos de primera necesidad y por si fuera poco, el “pacto interpartidario” que escamoteaba el tema a la participación activa de la ciudadanía.

La nueva Constitución colegialista entró en vigencia el 25 de enero de 1952, fundamentalmente, gracias a los votos herreristas del interior. El país viraba, delicadamente, a la derecha.

Como corolario necesario de todo lo actuado, el primer ejecutivo colegiado fue elegido por vía de excepción en la Asamblea General por los 2/3 de sus integrantes. Permanecería en funciones hasta el 1º de marzo de 1955.Fruto del pacto, la elección recayó en los colorados Martínez Trueba (presidente del cuerpo por todo el período debido a la transición) Francisco Forteza y Antonio Rubio, por la Lista “15”; Héctor Alvarez Cina y Luis A. Brause, por la “14” y Eduardo Blanco Acevedo, colorado no-batllista, ex “terrista”. Por los nacionalistas, Alvaro Vargas Guillemette, Martín Recaredo Echegoyen y Roberto Berro.

Los dirigentes acuerdistas , colorados y blancos tenían vistas largas: en 1952 se aceleró la inflación y las protestas populares : las huelgas de los funcionarios públicos fueron declaradas ilícitas, se consideró que había “conmoción interior” y se aplicó el art. 168 inciso 17 de la novel Constitución implantando “Medidas prontas de seguridad”. En su marco se destituyeron huelguistas, se clausuraron locales sindicales, se detuvieron dirigentes y militantes, llegándose incluso a procesar a varios de ellos. En fin, como quien dice, el tema del eterno retorno en versión uruguaya...


Bibliografía de referencia: Historia Uruguaya Tomo 7- Nahum,Cocchi,Frega, Trochón - Crisis política y recuperación económica (1930-1958). Ediciones de la Banda Oriental.
El Uruguay Neo-batllista (1946-1958) Germán D’ Elía. Ediciones de la Banda Oriental
Herrera, caudillo oriental. Eduardo Víctor Haedo. Editorial Arca